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Las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas con motivo de un despido colectivo.

El Tribunal de Justicia de la UE establece que una decisión de despido que se haya tomado, durante el período comprendido entre el comienzo del embarazo y el final del permiso de maternidad, por razones no relacionadas con el embarazo de la trabajadora no es contrario a la Directiva 92/85 si el empresario comunica por escrito motivos justificados de despido y el despido de la trabajadora está admitido por la legislación o práctica del Estado miembro en cuestión. Por consiguiente, los motivos no inherentes a la persona de los trabajadores que pueden alegarse en el marco de los despidos colectivos, en el sentido de la Directiva 98/59, constituyen casos excepcionales no inherentes al estado de las trabajadoras, a efectos de la Directiva 92/85. Seguidamente, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 92/85 no se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a una trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo sin comunicarle más motivos que los que justifican ese despido colectivo, siempre y cuando se indiquen los criterios objetivos que se han seguido para designar a los trabajadores afectados por el despido. 

Fecha publicación: 23/02/2018

El TS aclara los plazos para rectificar cuotas del IVA repercutidas en exceso.

En una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el alto tribunal resuelve el litigio suscitado por dos entidades que firmaron una venta de parcelas con previsión de modificación del precio, al alza o a la baja, en función del futuro de los planes urbanísticos que las regían. La resolución del Supremo determina, sin embargo, que existen dos plazos sucesivos. En primer lugar, la factura rectificativa debe emitirse dentro del plazo de cuatro años, independientemente de si la modificación es al alza o a la baja. Y, en segundo término, una vez producida dicha rectificación a la baja, el sujeto pasivo cuenta con un plazo de un año para regularizar su situación tributaria, sin perjuicio de que pueda optar por iniciar un procedimiento de rectificación de su autoliquidación. 

Fecha publicación: 21/02/2018

La prestación por desempleo es más corta, baja y con menos beneficiarios.

El gasto en desempleo fue en 2017 de 17.474 millones de euros, la cifra más baja desde 2007. Frente a 2009, con un número similar de desempleados, el importe del gasto en prestaciones ha caído un 44%. La principal diferencia entre uno y otro ejercicio se debe a la diferente tasa de cobertura. Mientras que el pasado año, sólo el 58,6% de los parados percibía un subsidio, en 2009 tenían este derecho el 80% de los mismos. En este mismo sentido, hay que destacar que ahora más de la mitad (el 56%) de los que perciben una prestación, la reciben asistencial, es decir, no vinculada a haber tenido un empleo anteriormente. El paro de larga duración ha hecho que muchos desempleados agoten sus prestaciones contributivas (habitualmente de mayor cuantía) y les obligue a pedir un subsidio asistencial. En 2009, el porcentaje de parados con prestación asistencial era del 30%. 

Fecha publicación: 16/02/2018

El TS ha aceptado que quienes padezcan un mínimo del 45 % en su grado de discapacidad...

El TS ha aceptado que quienes padezcan un mínimo del 45 % en su grado de discapacidad podrán acceder a la jubilación anticipada siempre que la valoración de su carencia no haya variado durante un tiempo suficiente, debido a que se les podrá aplicar el decreto que así lo fija. La sentencia ha sido divulgada por la Asociación El Defensor del Paciente y por la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), afecta a todos aquellos ciudadanos incluidos en el decreto 1851/ 2009, relativo a, entre otros colectivos, las víctimas de la talidomida. 

Fecha publicación: 13/02/2018
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